Poderes.

En el colegio, de pequeño, me enseñaron que un país de rige basado en tres poderes. A saber y por orden: legislativo, ejecutivo y judicial. En un país democrático, como es España, el poder legislativo, el Congreso y el Senado, radica en el pueblo ya que sus miembros son elegidos mediante el voto directo de los ciudadanos. Esas personas se encargan de aprobar las leyes que regirán el país. El poder ejecutivo, el Gobierno, es quién se encarga de ejecutar esas leyes. Es decir, ponerlas en marcha. Sus integrantes también son elegidos por el pueblo aunque no directamente ya que sólo se vota a quien lo presidirá y cuya candidatura ha de ser aprobada por los miembros del poder legislativo. Por último, y no menos importante, está el poder judicial que, se supone, debe establecer el marco legal para aplicar las leyes y dictar los castigos para quien no las cumplan.

Pero, toda esta charla, a que viene? Pues muy sencillo. El poder judicial debería ser elegido por los jueces ya que tendría que ser independiente de quien gobernara. Todo ésto viene a colación del auto del juez Castro sobre el caso Noos y todo lo que se ha dicho y escrito después. El Consejo Superior del Poder Judicial ha hecho un escrito pidiendo que se cuide el lenguaje a la hora de hablar de los jueces instructores. Pero siempre dejando claro que eran jueces progresistas (es decir, elegidos por la izquierda. Algún día espero que algún me diga porque se les llama progresistas porque con sus gobiernos, realmente, progresó poco o nada). El juez es juez. Es como en el fútbol. Un árbitro andaluz no puede pitarle un partido al Betis. Pues un juez no debería mirar su afiliación política o quien le ha elegido, antes de hacer su trabajo. La judicatura debería ser independiente. Eso si que es una reforma democrática que debería tener en cuenta un gobierno.